Por Ariel Torrez Guerra
La
acción del Comandante en Jefe de las FF.AA. de nuestro país, frente al
legislativo, primer poder político, logrando el ascenso de sus Oficiales
Generales, debe ser conducente a lograr la tan ansiada eliminación o por lo
menos una disminución significativa de la injerencia política en las
instituciones uniformadas, cuyas características jurídicas de fundamentales y
permanentes, como el Ejercito, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval/Armada
Boliviana, y Fuerzas de la Policía Nacional/Boliviana - LOFA-LOPN Vs. CPEPB -
deben dejar de ser apetecibles para los mercaderes de la política y más bien
necesarias para fortalecer el estado de derecho y los procesos democráticos.
Este
hecho constituye un antecedente importante y proactivo, que hace muchos años se
debió aplicar, omitidos de buena y mala fe, por los mandos coyunturales, ya sea
por falta de vocación administrativa gerencial de alto nivel con visión de país
o por actitudes xenuflexas y
condicionadas por las presiones, conveniencias y convicciones políticas, circunstancias
que coadyuvaron a la devaluación paulatina de su verdadero rol, de varios
elementos que conforman su prestigio que aún pervive, y también de su doctrina
y disciplina ante los ojos y oídos de la
sociedad boliviana en su conjunto.
Pues
bien, las leyes orgánicas constitucionales de la policía y fuerzas armadas
(LOPN - LOFA), que mantienen esa calidad normativa labrada en la República -
1985 y 1992 respectivamente, no habiendo voluntad política al menos para
adecuarlas al texto constitucional de 2009 - establecen precisamente un modelo
protector de la institucionalidad, que la mayoría de las entidades uniformadas
de la región la tienen, donde los ascensos – derechos individuales en merito a
procesos académicos y meritocráticos - hasta los grados de general dentro de su
escala jerárquica, son parte inalienable no delegable de su potestad de
administración, competencias y atribuciones devenidas de su legalidad y legitimidad internas, para
evitar el perverso y nocivo escenario, donde los funcionarios uniformados de
alta graduación, estén a merced de los representantes políticos en instancias
legislativas; así se desarrolló por años en nuestro país, donde se labraron
hipotecas y compromisos que naturalmente afectaron a las organizaciones
uniformadas por intermedio de sus oficiales de más antigüedad en el servicio
activo; do; la acción ratificatoria legislativa se circunscribe a un acto
administrativo y no una instancia burocrática de evaluación ni mucho menos de
administración, por ello nunca se emitió una ley de ascenso.
Por
otro lado, el titular de otro poder del Estado, por mandato constitucional,
designa a las máximas autoridades
militares, y de policía; es decir, al Comandante en Jefe de las FF.AA,
Jefe de Estado Mayor General, Comandantes Generales de las tres fuerzas y al
Comandante General de la Policía
Boliviana; es una instancia también política, representa y ejerce potestad
civil sobre las expresiones del poder militar y policial, de ahí que se emite
un Decreto Presidencial para la embestidura a nombre del Estado, interacción
que también se debe ajustar y perfeccionar, de modo que se incentive la
institucionalidad y su rol imparcial de Estado y no de Gobierno, para no seguir
influyendo inadecuadamente en el porvenir de las instituciones castrenses; dada
su condición de entidades armadas
detentoras del uso legítimo de la fuerza, cuyo manejo debe merecer la
legitimidad de las mayor parte de la población.
Consecuentemente
el episodio sopesado este año por las FF.AA., demostró fácticamente, una vendetta
institucional política como respuesta a una acción de Estado, generando
perjuicios y desajustes administrativos, disciplinarios, doctrinarios, de
imagen institucional y protocolares; situación diferente, que en mi opinión
providencialmente no ocurrió en la policía, puesto que los ascensos en el verde
olivo se materializaron sin mayor controversia, inmediatamente culminado el mes
de enero.
En
consecuencia, este camino iniciado debe privilegiar y ser consecuente, a
estructurar entidades de Estado y no entidades de Gobierno, o de una coyuntura
política; las instituciones militares y policiales no son más que el pueblo
vestido de uniforme, y deben circunscribir sus funciones al imperio de la ley,
a la autoridad civil legal y legítimamente constituida, y a la defensa de la
sociedad y del territorio. Estas acciones consecuentes deben ser afianzadas y
continuadas por los próximos actores políticos, sociales e institucionales, lo
contrario sería un retroceso.
EL AUTOR, ARIEL
TORREZ GUERRA ES LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA
Comentarios
Publicar un comentario